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OFIR PICAZO GARRIDO EX DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA EN HUAUCHINANGO DETENIDO POR PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO Y DÍAS DESPUES FUE LIBERADO

OFIR PICAZO

Por: María A. R.

San Martín Texmelucan, Puebla. Mayo 2013.- Mediante operativo que duró más de 11 horas, el pasado viernes 17 del mes que corre, mas de 150 militares y agentes de la procuraduría general de la republica (PGR), procuraduría general de Justicia en el estado (PGJ), y policía federal (PF) en San Martín, Petlalcingo y en Quecholac, el sábado 18 detuvieron y se les practicaron pruebas de antidoping y balística a 35 policías municipales y al director de seguridad pública de la comuna de San Martín, Ofir Picazo Garrido como presuntos responsables de usurpación de funciones y por portación ilegal de arma de fuego por no contar con la licencia colectiva para portar armas de fuego.

Es relevante la nota para Huauchinango, porque Ofir Picazo fue director de seguridad pública, vialidad y protección civil del municipio, en el trienio de Rogelio López Angulo (2008-2011) actual candidato del PRI-VERDE ECOLOGISTA a la presidencia municipal de Huauchinango.

El director de Comunicación Social del ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Luis Emilio Vázquez Cobos, comentó que la administración está analizando los términos jurídicos para fijar una postura y confirmó que hubo detenciones durante la tarde del viernes.

Fuentes extraoficiales informaron que en el operativo se detecto que la corporación carecía del permiso colectivo para la portación de armas de fuego, que debe ser expedido por el Ejército Mexicano.


Al no contar con la CUIP (clave única de incorporación policial) Ofir Picazo, también estaba impedido para ser director de Seguridad Pública, cargo en el que fue designado por el presidente de San Martín.

Hasta el cierre de edición trascendió que las autoridades ministeriales estatales y federales liberaron a 35 elementos de seguridad pública de San Martín Texmelucan, incluido el director Ofir Picazo Garrido, pero fueron presentados para aclarar algunas inconsistencias de tipo administrativo que podrían haberlos responsabilizado de un delito.

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