Category Archives: NOTA NACIONAL

ASTILLERO: CONFIRMADO ¡VOTO VERDE! …CRECIMIENTO URBANO…EN CASILLAS, PLAN GORDILLO… PROVOCACIONES ARZOBISPALES

Julio Hernández López
La Jornada
7 de junio 2012.

Siete de cada ocho de los nuevos votantes acreditados por el Instituto Federal Electoral (IFE) de 2006 a este año provendrán de zonas no urbanas, pese a que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó en el censo nacional de población de 2010 que cada vez eran menos los mexicanos que vivían en áreas rurales.

Visto de otra manera, en estos seis años aumentó el número de mesas receptoras de votos en una proporción peculiar, pues por cada diez nuevas mesas por instalar en zonas no urbanas habrá 1.5 en área urbana.

Las contradictorias clasificaciones entre los dos institutos citados permitirán que para los próximos comicios se presente a las urnas casi el mismo número total de votantes no urbanos (26 millones, con nuevos y antiguos integrantes del padrón electoral, según el IFE), que el total de los habitantes de la zona rural (25 millones de todas las edades, incluyendo niños, adolescentes, jóvenes y adultos, según el Inegi).

Los datos provienen del estudio realizado por los científicos Luis Mochán y Víctor Manuel Romero, quienes en 2006 descubrieron fuertes anomalías en la elección presidencial, y por Fernando Magariños. Siempre fundadas en datos públicos del IFE y el Inegi, las estadísticas raras se expresan en cifras redondeadas:

“El IFE clasifica a las casillas como urbanas y no urbanas. En 2006 el número total era de 131 mil. De éstas, 70 por ciento eran urbanas y 30 por ciento no urbanas. En 2012, el número total de casillas es 143 mil. De éstas, 64 por ciento son urbanas y 36 por ciento no urbanas. Se tuvo un incremento de 12 mil casillas de 2006 a 2012. De éstas, mil 500 son urbanas y 10 mil 500 son no urbanas.

“En 2006 el padrón era de 71 millones de votantes. De éstos, 52 millones eran urbanos y 19 millones no urbanos. En 2012 el padrón es de 79 millones de votantes. De éstos, 53 millones son urbanos y 26 millones son no urbanos. Se tuvo un incremento de 8 millones de votantes de 2006 a 2012. De estos, un millón son urbanos, 7 millones son no urbanos.

En 2000 la población del país era de 97 millones de personas, 75 por ciento urbana y 25 por ciento rural. En 2010 la población del país era de 112 millones de habitantes, de los cuales 78 por ciento es urbana y 22 por ciento rural. La población urbana muestra un incremento con respecto a la rural. En 2010 la población urbana es de 87 millones de personas, mientras que la rural es de 25 millones.

El IFE debe explicar rigurosamente las razones que tuvo para hacer las clasificaciones y reseccionamientos que arrojan los datos duros consignados aunque, habiéndose publicado aquí mismo en días anteriores un esbozo del asunto (sin las precisiones que hoy se ofrecen), el consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, evitó pronunciarse, resistiendo incluso las insistentes exhortaciones que en Twitter se le hicieron.

Los extraños acomodos del aparato receptor del voto, al multiplicar el volumen del sufragio no urbano de manera brutal (este término fue comentado por uno de los autores del estudio) encuentran una llamativa coincidencia estadística con el vivero electoral en que suele encontrar provisiones salvadoras el partido de tres colores: el voto llamado verde y no en referencia a sus aliados de falsa ecología, sino a segmentos rurales que le resultan al PRI más manejables que los urbanos. Allí el tricolor ha encontrado fórmulas para dar la vuelta a votaciones que en lo urbano parecían aplastantemente perdidas.

En una elección como la próxima, esos pertrechos de campo podrían resultar definitorios para explicar una eventual disparidad entre lo que los pobladores de las ciudades hayan vivido y lo que las cifras oficiales reporten.

Siguen llegando múltiples reportes de irregularidades en el proceso de designación de funcionarios de mesas receptoras de votos y de su obligada capacitación. Combinaciones de todo tipo que acaban mostrando un ánimo descuidado o, por el contrario, muy dirigido a desalentar la participación de ciudadanos y, de manera marcada, a cerrar el paso a quienes tienen preparación académica notable.

En ese sentido es muy ilustrativo lo que a esta columna comenta José G. Carmona García, quien fue consejero en el Instituto Electoral de Tamaulipas, a propósito del episodio narrado en anterior columna e intitulado La ciudadana Radetich: “Situaciones muy similares se están presentando en Ciudad Victoria.

Para muestra: un conocido resultó insaculado, se le notificó al respecto y a la semana le llegó el nombramiento como presidente de casilla ¡sin ser capacitado! Nos enteramos de varios casos similares. Claro, la reacción de las personas, en la mayoría de los casos, ha de ser ‘yo no iré, pues no me siento preparado para esa responsabilidad’.

¡Exactamente eso es lo que se espera! Total, ya estarán tempranamente formados los ciudadanos que, por ley, podrán ser nombrados de la fila como funcionarios de casilla. No se dificulta mucho suponer de quiénes se trata. La ‘estrategia’ se implementó en 2006 y curiosamente estaban tempranamente formados los maestros que pasarían a ser tomados de la fila para ejercer como funcionario de casilla. Así las cosas, no creo que sean pifias o descuidos del IFE, creo que es una estrategia implementándose”.

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ELECCIONES 2012.PRESENTA PRUEBAS DE PLAN PARA DESPRESTIGIAR A LÓPEZ OBRADOR. DOCUMENTA THE GUARDIAN LA COLUSIÓN TELEVISA-PEÑA

Roberto González Amador
La Jornada
8 de junio 2012.

Televisa vendió a Enrique Peña Nieto, candidato priísta a la Presidencia, una cobertura favorable en su principal noticiario y programas de entretenimiento. A la vez, la televisora utilizó esos mismos espacios para desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador, quien contiende por el Movimiento Progresista, reveló este jueves el diario británico The Guardian, que tuvo acceso a docenas de archivos que documentan esos tratos.

La revelación de los documentos, proporcionados al diario por una persona que trabajó para Televisa, coincide con la irrupción en el escenario nacional de un enérgico movimiento de protesta que acusa a la televisora de manipular su cobertura informativa en favor de Peña Nieto, mencionó la nota de The Guardian, firmada desde la ciudad de México por Jo Tuckman.

El diario apuntó que los archivos están fechados hace varios años: los primeros, cuando Peña Nieto comenzó su periodo como gobernador del estado de México (2005) y, los que aluden a los ataques a López Obrador desde Televisa, en 2006, cuando tuvo lugar la anterior elección presidencial. Si bien no ha sido posible confirmar la autenticidad de los documentos, extensas verificaciones han demostrado que los nombres, fechas y situaciones que se mencionan coinciden en gran medida con el desarrollo de los acontecimientos citados, anotó.

TRES BLOQUES DE DOCUMENTOS
Los documentos obtenidos por el diario se agrupan en tres bloques: el primero menciona un listado de tarifas cobradas por Televisa a Peña Nieto para construirle una imagen nacional cuando fue gobernador (2005-2011); un segundo paquete consiste en una detallada estrategia de comunicación explícitamente diseñada para torpedear la anterior candidatura presidencial del candidato de la izquierda, López Obrador, quien es actualmente el más cercano competidor de Peña, agrega el rotativo. La tercera parte de los archivos da cuenta de acuerdos que sugieren que la oficina del ex presidente Vicente Fox ocultó un exorbitante pago hecho a la televisora con recursos públicos para una campaña de promoción.

El diario mencionó que los documentos sobre la actuación de la televisora en favor de Peña Nieto y en contra de López Obrador fueron elaborados en Radar Servicios Especializados, compañía dirigida por Alejandro Quintero, vicepresidente de Televisa. “Muchos de los archivos de computadora vistos por The Guardian fueron guardados con el nombre de Yessica de Lamadrid, que en ese tiempo era empleada de Radar y amante de Peña Nieto”, abunda la información.

Televisa declinó aclarar la relación que tiene con Radar o el papel de Quintero en ambas empresas, dijo el rotativo. Lamadrid, en cambio, aseguró al diario que los documentos eran falsificaciones.

Uno de los documentos descritos por The Guardian es una presentación en formato PowerPoint que explícitamente declara que el objetivo de esa estrategia de comunicación es asegurarse que López Obrador no gane las elecciones de 2006. El archivo fue creado después de la medianoche del 4 de abril de 2005, horas antes de que el entonces presidente Fox se reuniera con los presidentes de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, y Tv Azteca, Ricardo Salinas, agregó el periódico.

Una de las evidencias corroboradas por The Guardian está relacionada con las acciones emprendidas por el gobierno de Fox para hacer frente a la crítica de varios sectores sociales cuando el ex mandatario panista trató de sacar de la lucha electoral a López Obrador a través de enjuiciarlo por el presunto incumplimiento de una orden judicial, caso conocido como desafuero. Un documento, menciona el rotativo británico, describe medidas a corto plazo para controlar la reacción, que incluían un duelo nacional por el entonces reciente fallecimiento del Papa Juan Pablo II, para distraer la atención de la creciente polémica. Al día siguiente, añadió, Fox declaró un día de luto por el pontífice.

Una más: el diario mencionó que en la empresa televisora se diseñó una estrategia de más largo plazo para desmantelar la percepción pública de que López Obrador era un mártir o un salvador. Esa estrategia mediática consistió en que Televisa aumentó la cobertura de noticias relacionadas con delincuencia en la capital del país y en revisar viejos casos de corrupción que involucraban a antiguos aliados del actual candidato presidencial de la izquierda. El plan incluía la promoción de historias personales de delitos sufridos (en el Distrito Federal) por celebridades del espectáculo y se pedía a personajes del reality show Big Brother hablar de que habían sido víctimas de delitos en la capital. Eso fue, dice el diario, lo que efectivamente hicieron “algunas celebridades de Televisa, tanto en los programas del mundo del espectáculo como en la versión mexicana de Big Brother”.

Un ex empleado de Televisa, distinto al que entregó los documentos, dijo The Guardian, asistió a varias reuniones en las instalaciones de esa empresa en las que se discutió la estrategia en contra de López Obrador. Hubo una estrategia y hubo un cliente que pagó un montón de dinero, dijo el ex empleado de Televisa al diario. Una proporción significativa de los documentos, agrega el diario, da cuenta de pagos hechos a Televisa a cambio de estrategias de comunicación para ser promovidos a través de anuncios en televisión y programas de entretenimiento.

En ese paquete se incluyen tres documentos en formato Excel titulados Enrique Peña Nieto: presupuesto 2005-2006, creados cuando se iniciaba el periodo del actual candidato priísta como gobernador del estado de México. Las tres hojas de Excel plantean la difusión en los espacios principales de información y entretenimiento de Televisa de alrededor de 200 noticias, entrevistas o reportes especiales relacionados con Peña Nieto a un costo, en esa fecha, de 346 millones 326 mil 750 pesos.

David López, quien fue vocero de Peña cuando fue gobernador, y que ocupa esa misma posición en la campaña presidencial, respondió a The Guardian que no hubo ningún contrato de ese tipo entre la televisora y el gobierno mexiquense durante el sexenio de Peña Nieto.

El ex empleado de Televisa que habló con The Guardian dijo que así como la televisora estaba feliz de promover a Peña Nieto cuando era el mejor producto, esto no necesariamente significa un compromiso de largo plazo. “La fuente señaló que antes de la campaña sucia en su contra, López Obrador estuvo en muy buenos términos con la televisora. ‘Nunca pierda de vista el hecho de que este es un negocio. La lealtad es a la posición, no a la persona”’.

Elecciones 2012
RESPUESTA DE LA TELEVISORA

La Jornada
8 de junio 2012.

Televisa desmintió el artículo publicado por el diario británico The Guardian, donde se le atribuye una supuesta venta a Enrique Peña Nieto de espacios privilegiados en sus noticieros y programas para denostar a Andrés Manuel López Obrador. En un comunicado, el grupo televisivo consideró que al artículo le falta rigor periodístico y “se exhibe que la reportera (Jo Tuckman) usa ocho veces la palabra aparentemente, pero ésta no figura en el título. Todo son apariencias”.

La televisora concretó su respuesta a un análisis en 10 puntos donde lamenta que la reportera haya sido sorprendida con un material apócrifo que ha sido reiteradamente publicado y desmentido. Al final informa que “el día de hoy, Televisa recurrió a Chris Elliott, responsable del contenido, y a Alan Rusbridger, de The Guardian, para que realicen una investigación a fondo y ofrezcan una disculpa pública a Grupo Televisa. De Igual manera se está pidiendo la intervención de la Press Complaints Commission”.

Televisa afirma que en el artículo la propia corresponsal Tuckman reconoce no haber podido confirmar la autenticidad de los documentos que utilizó, además de que éstos no fueron mostrados a la televisora –ni a sus lectores–, por lo que no pudimos dar una opinión de algo que desconocemos. Además, el supuesto contratante (gobierno del Edomex) negó conocer los documentos que refiere la reportera.
YESSICA DE LAMADRID

Según Televisa, la reportera atribuye los documentos utilizados a una persona de nombre Yessica de Lamadrid, aunque el mismo artículo señala que ella rechaza la validez de los mismos, y que en el reportaje se señala que había un cliente que pagó mucho dinero, y añade: Así nada más, sin precisar qué cliente ni cuánto dinero.

El reportaje se basó en simples documentos sin firma, sin logotipo y con registros electrónicos que desde cualquier computadora se pueden crear o alterar, no son prueba de nada en ningún país. Además, la reportera reconoce que “se trata de los mismos datos presentados en 2005 por Jenaro Villamil en Proceso, los cuales han sido reiteradamente desmentidos por las partes a lo largo de siete años”.

AYUDA A ENCONTRAR A LA NIÑA NAYELY BECERRA PARRA DE 7 AÑOS DE EDAD QUE FUE SECUESTRADA EN ZACATECAS.

NAYELI BECERRA PARRA SECUESTRADA

Hola a todos, mi nombre es Alma Bricia Parra Chávez, necesito de tu ayuda para recuperar a mi hija, me la quitaron a la fuerza y con violencia unos hombres en la puerta de la escuela José Vasconcelos donde ella asistía en

Guadalupe, Zacatecas, el día 23 de Enero de 2012, por favor si la ves comunícate a los teléfonos celulares (045) 492 125 3957 y 492 942 3955, tu ayuda es muy importante!

La vida de mi niña puede estar en peligro, su nombre es Nayeli Becerra Parra, tiene 7 años de edad, ojos verdes con café claro, tez blanca, cabello rubio medio, lacio y largo, traía uniforme con falda de cuadros azul marino con rojo, suéter rojo y camisa blanca, mallas azul marino y zapatos negros. Mide aproximadamente 1.27 metros de altura.

Por favor reenvía este correo a todos tus contactos y pídeles que hagan lo mismo, las autoridades correspondientes ya están tomando cartas en el asunto, pero de sobra se sabe que a veces se hace más con la colaboración de los amigos.

Mi niña puede estar en cualquier parte de la república, si tienes contactos fuera de tu estado por favor hazles llegar este mensaje, ya que su ayuda es de suma importancia.

Gracias por tu ayuda.

REVOCAR LA LIBERTAD DE JOSÉ ANTONIO ZORRILLA PÉREZ AUTOR INTELECTUAL DEL HOMICIDIO DE DON MANUEL BUENDÍA

MANUEL BUENDIA  (foto de la Fundacion Manuel Buendia))

México,D.F. Febrero 2012.-En apoyo a la exigencia de plena justicia en torno al asesinato de Manuel Buendía, la Fundación que lleva su nombre se adhiere al planteamiento del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, en el sentido de solicitar la firme aplicación de la ley sobre la sentencia de liberación del asesino de Manuel Buendía, José Ángel Zorrilla Pérez. Por ese motivo ponemos a su consideración el desplegado que se publicará el próximo viernes.

Revocar la libertad de José Antonio Zorrilla Pérez, autor intelectual del homicidio de don Manuel Buendía.

El 30 de mayo se cumplieron 25 años del asesinato cometido por José Antonio Zorrilla quien, según sentencia firme, fue autor intelectual del homicidio del periodista Manuel Buendía. En memoria de su gran trabajo como periodista y en función de la legalidad, no debemos permitir que se consolide la libertad anticipada que beneficia al ex director federal de seguridad, casi diez años antes de cumplir su sentencia.

Zorrilla fue dejado en libertad el 18 de febrero a través de una resolución que sustituyó a la que en octubre anterior ratificó la hasta entonces invariable negativa a las peticiones del ex jefe de la policía política mexicana para salir libre antes de completar la reclusión a que estaba condenado. En diciembre, un juez federal (en sentencia confirmada por un tribunal de circuito) amparó a Zorrilla para que se fundara y motivara la negativa y se emitiera una nueva resolución que podía ser en el mismo sentido o en otro. La sentencia judicial no ordenó la libertad de Zorrilla. Y sin embargo, como si así hubiera ocurrido, el secretario de gobierno del Distrito Federal instruyó al director ejecutivo de sanciones penales, José Manuel Casaopriego Valenzuela, para liberar a Zorrilla. A la postre, el secretario no firmó la resolución correspondiente. Lo hizo “por ausencia” de la autoridad responsable, el propio Casaopriego, que de ese modo es al mismo tiempo destinatario y firmante de la resolución que por este medio denunciamos.

La libertad de Zorrilla debe ser revocada. Ordenó el asesinato de Buendía desde un elevado cargo gubernamental, por lo que puede ser considerado un crimen de Estado. No debió ser aliviada su pena. El modo en que eso ocurrió amerita una investigación administrativa y penal que demandamos realice el gobierno del Distrito Federal. Si de ella deriva, como suponemos, una grave irregularidad, amén de las sanciones que correspondan, debe declararse inválida la resolución que dejó libre a Zorrilla. La misma conclusión debe resultar si se incumplen las condiciones a que debe sujetarse quien recibe ese beneficio.

Responsable de la publicación:
Omar Raúl Martínez,
Presidente de la Fundación Manuel Buendía.

Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo AC mailman@pnp.org.mx
Si es su voluntad adherirse como firmante, le pedimos nos lo haga saber a la brevedad al correo info@pnp.org.mx

RARÁMURIS: ENTRE EL HAMBRE Y EL SAQUEO

Francisco López Bárcenas

La Jornada
20 de enero 2012.

Es dramático. Un rumor que resultó falso vuelve a poner a la vista de todos una verdad que la mayoría conoce pero había olvidado: los pueblos indígenas de México, los rarámuris de Chihuahua entre ellos, viven una hambre crónica. Muchos no los ven, tal vez porque esperan mirarlos caer frente a sus ojos como moscas fumigadas para poder hacerlo, pero hay demasiadas evidencias de ello, como la imposibilidad de acceder a tres comidas diarias por falta de ingresos económicos, desnutrición crónica por la mala calidad de la comida que ingieren, enfermedades que ya se creían superadas, derivadas de la desnutrición, entre otras. Son datos que se resaltan siempre que algún personaje público quiere medrar con ellos, o para alarmarnos a todos como si fuera un caso excepcional, pero ahí han estado siempre.

En su tiempo, Vicente Fox declaró a Coycoyán de las Flores, en el estado de Oaxaca, el municipio más pobre del país. Se dijeron muchos discursos sobre la situación, pero nada en concreto se hizo por ayudarlos a salir de la pobreza; otro tanto sucedió después con los municipios de Metlatónoc y Cochoapa El Grande, en el estado de Guerrero, también de población mayoritaria mixteca. Ahora se dice que los rarámuris son los que en realidad están sufriendo la hambruna, pero igual pueden ser los nahuas de Veracruz, los tzeltales de Chiapas, los mayos de Sinaloa, o cualquier otro pueblo indígena de México. Todos ellos viven en la misma condición de pobreza, abandono, aislamiento, marginación y rechazo. Sobreviviendo como pueden y resistiendo para no desaparecer.

No es necesario ir muy atrás en el tiempo para comprobarlo. A principios de este año, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) presentó su Informe de la evaluación de la política de desarrollo social en México 2011, con un apartado especial sobre la política de desarrollo social y los pueblos indígenas. Corto, pero contundente, el informe asienta que 79 por ciento de los indígenas –esto es, ocho de cada diez– se encuentran en situación de pobreza, lo cual quiere decir que no pueden satisfacer sus necesidades de alimentación, salud y educación, ni dedicando todos sus ingresos a lograrlo. Pero eso no es todo: también se afirma que 40 por ciento de ese porcentaje se encuentran en pobreza extrema, lo que equivale a reconocer que no cuentan con ingresos para satisfacer esas necesidades.

La situación es dramática. De nada ha servido la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre derechos de los pueblos indígenas, realizada hace 20 años; ni la reforma al artículo 2 constitucional de agosto de 2001 –hace más de 10 años–, donde supuestamente se reconoció la autonomía de los pueblos indígenas y su derecho a decidir su propio desarrollo. En la reforma constitucional, incluso, el gobierno mexicano se comprometió a crear instancias de planeación y ejecución de programas de desarrollo; de igual manera se comprometió a que cada nivel de gobierno destinara una partida específica para la ejecución de esos programas. Nada de eso ha sucedido, los programas se siguen aprobando en las oficinas burocráticas de acuerdo con los intereses de quienes las dirigen.

La pobreza de los pueblos indígenas contrasta con la riqueza de los territorios que habitan, explotados por personas con intereses ajenos a los suyos. Es el caso de los rarámuris. Los desplazamientos de sus asentamientos ancestrales, que los colonizadores impulsaron para dominarlos, continuaron con la reforma agraria, bajo el argumento de formar núcleos de población a los cuales titularles la tierra. Poco después llegaron los rancheros para apoderarse de las tierras que quedaban deshabitadas o disputándoles las que se les habían titulado: por eso muchos pueblos como Baqueachi y Choreachi siguen defendiendo sus tierras en los tribunales agrarios. Pero no es el único despojo que sufren: a la irracional explotación forestal, que en nada los ha beneficiado, ahora se une la explotación minera y el proyecto turístico Barranca de Cobre, de los cuales ellos sólo ven la contaminación y la basura que van dejando.

Esta situación no se resuelve poniendo el grito en el cielo por la hambruna que sufren, sino cambiando la relación de colonialismo que el estado y la sociedad en su conjunto mantienen con ellos. Las despensas alimentarias, con foto y todo, pueden salvar su situación inmediata, pero las causas de ella requieren otras medidas. La primera, reconocer que son pueblos, con todo lo que esto implica; la segunda, que tienen derechos colectivos, entre ellos el de diseñar su propio desarrollo. En otras palabras, reconocerles su derecho a la autonomía, como el Estado mexicano se comprometió en los acuerdos de San Andrés hace 15 años. Y que a la fecha no ha cumplido.

CNDH: SE VIOLARON DERECHOS EN CASO AYOTZINAPA SOBRE LOS HECHOS VIOLENTOS QUE DEJARON A DOS ESTUDIANTES Y A UN TRABAJADOR DE UNA GASOLINERIA MUERTOS. EL OMBUDSMAN NACIONAL RAUL PLASCENCIA ARGUMENTO QUE EL USO DE LA FUERZA SIEMPRE DEBE SERL EL ULTIMO RECURSO.

Alfredo Méndez y agencias
La Jornada en Línea
09/01/2012 14:00 hrs.

México, DF. Enero 2012.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó violaciones graves a los derechos humanos de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, intento de “fabricar” delitos, tratos inhumanos a los detenidos y abuso de autoridad.

De acuerdo con un informe preliminar elaborado por la CNDH que dio a conocer este lunes el ombudsman nacional Raúl Plascencia, en los hechos de la agresión a estudiantes normalistas, quienes se manifestaron el pasado 12 de diciembre en Chilpancingo, Guerrero, la Policía Federal hizo los primeros disparos al aire para dispersar a los jóvenes, y minutos después, junto con policías ministeriales de esa entidad, dispararon contra los jóvenes de manera indiscriminada.

“Los servidores públicos que participaron en los hechos, y los responsables de su coordinación, omitieron actuar con eficiencia en el desempeño de su cargo y cumplir con la debida diligencia el servicio de seguridad pública que les fue encomendado al propiciar un enfrentamiento en la vía pública pusieron en peligro vidas humanas y generaron la muerte de dos manifestantes y heridas por proyectil de arma de fuego en cuatro más”, señaló Plascencia.

Durante la presentación del documento preliminar Plascencia planteó que derivado de las evidencias se concluye que de manera arbitraria fueron detenidas 24 personas -14 de ellas objeto de tratos crueles por parte de la autoridad, precisó- al tiempo que, enfatizó, el uso de la fuerza siempre debe ser el último recurso.

El ombudsman nacional agregó que se percibieron “discrepancias” entre las autoridades sobre las circunstancias en que ocurrieron las muertes de dos estudiantes y un empleado de una gasolinera.

Los dos alumnos de la escuela normal fallecieron por heridas de armas de fuego durante dicha protesta. “Existe una alta probabilidad, por la trayectoria de los disparos, que éstos provinieran desde el sector donde estaban miembros de policías del estado de Guerrero”, dijo Plascencia. Acotó que en total participaron 175 policías de diversos cuerpos oficiales, de los cuales 67 portaban armas.

“Esto muestra discrepancias entre (lo dicho por) autoridades de Guerrero, que primero dijeron que los policías fueron desarmados, cuando las evidencias permiten concluir algo completamente distinto”, resaltó.

También, dijo que la policía federal alegó que no llegó primero, “lo que tampoco concuerda con la realidad de las evidencias… entre las que se encuentran videos”.

La Comisión utilizó 182 videos, tanto de cámaras de seguridad y la prensa, como de particulares.
Para Plascencia, otra irregularidad grave es que fueron alterados o ‘contaminados’ los lugares de los hechos y aseguró que se está frente a “violaciones graves a los derechos humanos”.

Plascencia recordó que por este caso pidieron información a la secretaría de Seguridad, “que no atendió (el pedido) con la debida diligencia porque no respondió en tiempo y forma y se recibió información que no satisface los requerimientos solicitados”.

El informe final será presentado dentro de un mes y medio. Luego será enviado a la Procuraduría General de la República para que se analicen sus recomendaciones.