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REVOCAR LA LIBERTAD DE JOSÉ ANTONIO ZORRILLA PÉREZ AUTOR INTELECTUAL DEL HOMICIDIO DE DON MANUEL BUENDÍA

MANUEL BUENDIA  (foto de la Fundacion Manuel Buendia))

México,D.F. Febrero 2012.-En apoyo a la exigencia de plena justicia en torno al asesinato de Manuel Buendía, la Fundación que lleva su nombre se adhiere al planteamiento del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, en el sentido de solicitar la firme aplicación de la ley sobre la sentencia de liberación del asesino de Manuel Buendía, José Ángel Zorrilla Pérez. Por ese motivo ponemos a su consideración el desplegado que se publicará el próximo viernes.

Revocar la libertad de José Antonio Zorrilla Pérez, autor intelectual del homicidio de don Manuel Buendía.

El 30 de mayo se cumplieron 25 años del asesinato cometido por José Antonio Zorrilla quien, según sentencia firme, fue autor intelectual del homicidio del periodista Manuel Buendía. En memoria de su gran trabajo como periodista y en función de la legalidad, no debemos permitir que se consolide la libertad anticipada que beneficia al ex director federal de seguridad, casi diez años antes de cumplir su sentencia.

Zorrilla fue dejado en libertad el 18 de febrero a través de una resolución que sustituyó a la que en octubre anterior ratificó la hasta entonces invariable negativa a las peticiones del ex jefe de la policía política mexicana para salir libre antes de completar la reclusión a que estaba condenado. En diciembre, un juez federal (en sentencia confirmada por un tribunal de circuito) amparó a Zorrilla para que se fundara y motivara la negativa y se emitiera una nueva resolución que podía ser en el mismo sentido o en otro. La sentencia judicial no ordenó la libertad de Zorrilla. Y sin embargo, como si así hubiera ocurrido, el secretario de gobierno del Distrito Federal instruyó al director ejecutivo de sanciones penales, José Manuel Casaopriego Valenzuela, para liberar a Zorrilla. A la postre, el secretario no firmó la resolución correspondiente. Lo hizo “por ausencia” de la autoridad responsable, el propio Casaopriego, que de ese modo es al mismo tiempo destinatario y firmante de la resolución que por este medio denunciamos.

La libertad de Zorrilla debe ser revocada. Ordenó el asesinato de Buendía desde un elevado cargo gubernamental, por lo que puede ser considerado un crimen de Estado. No debió ser aliviada su pena. El modo en que eso ocurrió amerita una investigación administrativa y penal que demandamos realice el gobierno del Distrito Federal. Si de ella deriva, como suponemos, una grave irregularidad, amén de las sanciones que correspondan, debe declararse inválida la resolución que dejó libre a Zorrilla. La misma conclusión debe resultar si se incumplen las condiciones a que debe sujetarse quien recibe ese beneficio.

Responsable de la publicación:
Omar Raúl Martínez,
Presidente de la Fundación Manuel Buendía.

Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo AC mailman@pnp.org.mx
Si es su voluntad adherirse como firmante, le pedimos nos lo haga saber a la brevedad al correo info@pnp.org.mx

RARÁMURIS: ENTRE EL HAMBRE Y EL SAQUEO

Francisco López Bárcenas

La Jornada
20 de enero 2012.

Es dramático. Un rumor que resultó falso vuelve a poner a la vista de todos una verdad que la mayoría conoce pero había olvidado: los pueblos indígenas de México, los rarámuris de Chihuahua entre ellos, viven una hambre crónica. Muchos no los ven, tal vez porque esperan mirarlos caer frente a sus ojos como moscas fumigadas para poder hacerlo, pero hay demasiadas evidencias de ello, como la imposibilidad de acceder a tres comidas diarias por falta de ingresos económicos, desnutrición crónica por la mala calidad de la comida que ingieren, enfermedades que ya se creían superadas, derivadas de la desnutrición, entre otras. Son datos que se resaltan siempre que algún personaje público quiere medrar con ellos, o para alarmarnos a todos como si fuera un caso excepcional, pero ahí han estado siempre.

En su tiempo, Vicente Fox declaró a Coycoyán de las Flores, en el estado de Oaxaca, el municipio más pobre del país. Se dijeron muchos discursos sobre la situación, pero nada en concreto se hizo por ayudarlos a salir de la pobreza; otro tanto sucedió después con los municipios de Metlatónoc y Cochoapa El Grande, en el estado de Guerrero, también de población mayoritaria mixteca. Ahora se dice que los rarámuris son los que en realidad están sufriendo la hambruna, pero igual pueden ser los nahuas de Veracruz, los tzeltales de Chiapas, los mayos de Sinaloa, o cualquier otro pueblo indígena de México. Todos ellos viven en la misma condición de pobreza, abandono, aislamiento, marginación y rechazo. Sobreviviendo como pueden y resistiendo para no desaparecer.

No es necesario ir muy atrás en el tiempo para comprobarlo. A principios de este año, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) presentó su Informe de la evaluación de la política de desarrollo social en México 2011, con un apartado especial sobre la política de desarrollo social y los pueblos indígenas. Corto, pero contundente, el informe asienta que 79 por ciento de los indígenas –esto es, ocho de cada diez– se encuentran en situación de pobreza, lo cual quiere decir que no pueden satisfacer sus necesidades de alimentación, salud y educación, ni dedicando todos sus ingresos a lograrlo. Pero eso no es todo: también se afirma que 40 por ciento de ese porcentaje se encuentran en pobreza extrema, lo que equivale a reconocer que no cuentan con ingresos para satisfacer esas necesidades.

La situación es dramática. De nada ha servido la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre derechos de los pueblos indígenas, realizada hace 20 años; ni la reforma al artículo 2 constitucional de agosto de 2001 –hace más de 10 años–, donde supuestamente se reconoció la autonomía de los pueblos indígenas y su derecho a decidir su propio desarrollo. En la reforma constitucional, incluso, el gobierno mexicano se comprometió a crear instancias de planeación y ejecución de programas de desarrollo; de igual manera se comprometió a que cada nivel de gobierno destinara una partida específica para la ejecución de esos programas. Nada de eso ha sucedido, los programas se siguen aprobando en las oficinas burocráticas de acuerdo con los intereses de quienes las dirigen.

La pobreza de los pueblos indígenas contrasta con la riqueza de los territorios que habitan, explotados por personas con intereses ajenos a los suyos. Es el caso de los rarámuris. Los desplazamientos de sus asentamientos ancestrales, que los colonizadores impulsaron para dominarlos, continuaron con la reforma agraria, bajo el argumento de formar núcleos de población a los cuales titularles la tierra. Poco después llegaron los rancheros para apoderarse de las tierras que quedaban deshabitadas o disputándoles las que se les habían titulado: por eso muchos pueblos como Baqueachi y Choreachi siguen defendiendo sus tierras en los tribunales agrarios. Pero no es el único despojo que sufren: a la irracional explotación forestal, que en nada los ha beneficiado, ahora se une la explotación minera y el proyecto turístico Barranca de Cobre, de los cuales ellos sólo ven la contaminación y la basura que van dejando.

Esta situación no se resuelve poniendo el grito en el cielo por la hambruna que sufren, sino cambiando la relación de colonialismo que el estado y la sociedad en su conjunto mantienen con ellos. Las despensas alimentarias, con foto y todo, pueden salvar su situación inmediata, pero las causas de ella requieren otras medidas. La primera, reconocer que son pueblos, con todo lo que esto implica; la segunda, que tienen derechos colectivos, entre ellos el de diseñar su propio desarrollo. En otras palabras, reconocerles su derecho a la autonomía, como el Estado mexicano se comprometió en los acuerdos de San Andrés hace 15 años. Y que a la fecha no ha cumplido.

CNDH: SE VIOLARON DERECHOS EN CASO AYOTZINAPA SOBRE LOS HECHOS VIOLENTOS QUE DEJARON A DOS ESTUDIANTES Y A UN TRABAJADOR DE UNA GASOLINERIA MUERTOS. EL OMBUDSMAN NACIONAL RAUL PLASCENCIA ARGUMENTO QUE EL USO DE LA FUERZA SIEMPRE DEBE SERL EL ULTIMO RECURSO.

Alfredo Méndez y agencias
La Jornada en Línea
09/01/2012 14:00 hrs.

México, DF. Enero 2012.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó violaciones graves a los derechos humanos de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, intento de “fabricar” delitos, tratos inhumanos a los detenidos y abuso de autoridad.

De acuerdo con un informe preliminar elaborado por la CNDH que dio a conocer este lunes el ombudsman nacional Raúl Plascencia, en los hechos de la agresión a estudiantes normalistas, quienes se manifestaron el pasado 12 de diciembre en Chilpancingo, Guerrero, la Policía Federal hizo los primeros disparos al aire para dispersar a los jóvenes, y minutos después, junto con policías ministeriales de esa entidad, dispararon contra los jóvenes de manera indiscriminada.

“Los servidores públicos que participaron en los hechos, y los responsables de su coordinación, omitieron actuar con eficiencia en el desempeño de su cargo y cumplir con la debida diligencia el servicio de seguridad pública que les fue encomendado al propiciar un enfrentamiento en la vía pública pusieron en peligro vidas humanas y generaron la muerte de dos manifestantes y heridas por proyectil de arma de fuego en cuatro más”, señaló Plascencia.

Durante la presentación del documento preliminar Plascencia planteó que derivado de las evidencias se concluye que de manera arbitraria fueron detenidas 24 personas -14 de ellas objeto de tratos crueles por parte de la autoridad, precisó- al tiempo que, enfatizó, el uso de la fuerza siempre debe ser el último recurso.

El ombudsman nacional agregó que se percibieron “discrepancias” entre las autoridades sobre las circunstancias en que ocurrieron las muertes de dos estudiantes y un empleado de una gasolinera.

Los dos alumnos de la escuela normal fallecieron por heridas de armas de fuego durante dicha protesta. “Existe una alta probabilidad, por la trayectoria de los disparos, que éstos provinieran desde el sector donde estaban miembros de policías del estado de Guerrero”, dijo Plascencia. Acotó que en total participaron 175 policías de diversos cuerpos oficiales, de los cuales 67 portaban armas.

“Esto muestra discrepancias entre (lo dicho por) autoridades de Guerrero, que primero dijeron que los policías fueron desarmados, cuando las evidencias permiten concluir algo completamente distinto”, resaltó.

También, dijo que la policía federal alegó que no llegó primero, “lo que tampoco concuerda con la realidad de las evidencias… entre las que se encuentran videos”.

La Comisión utilizó 182 videos, tanto de cámaras de seguridad y la prensa, como de particulares.
Para Plascencia, otra irregularidad grave es que fueron alterados o ‘contaminados’ los lugares de los hechos y aseguró que se está frente a “violaciones graves a los derechos humanos”.

Plascencia recordó que por este caso pidieron información a la secretaría de Seguridad, “que no atendió (el pedido) con la debida diligencia porque no respondió en tiempo y forma y se recibió información que no satisface los requerimientos solicitados”.

El informe final será presentado dentro de un mes y medio. Luego será enviado a la Procuraduría General de la República para que se analicen sus recomendaciones.

“DAR A MEXICANOS OTRO GOBIERNO DEL PAN, COMPROMISO DE VOLVER A EMPEZAR”: MANUEL ESPINO BARRIENTOS

MANUEL ESPINO BARRIENTOS

La Redacción

Hermosillo, Sonora. Octubre 2010.-“El compromiso del movimiento nacional Volver a Empezar (VAE) es dar a los mexicanos otro gobierno emanado del PAN, pero un gobierno que haya aprendido de los errores que se han cometido en diez años y que potencie lo mucho que se ha hecho bien.

 “Un PAN triunfador es independiente del poder público y tiene propuesta propia, democracia interna y libertad de expresión. Así ganamos el 2000 y así ganamos el 2006. Así vamos a ganar el 2012.

 Tenemos la convicción de que refrendar la Presidencia de la República el 2012 será la primera aportación de Volver A Empezar al Partido Acción Nacional”, afirmó Manuel Espino durante una convivencia con periodistas sonorenses.

 El panista que se define como “sonorense por adopción”, describió los avances de la estructura de operación política armada para potenciar el movimiento Volver a Empezar: “Ya contamos con un equipo nacional y 27 equipos estatales, cada uno con promotores a nivel de estado y de municipio. Tenemos dos oficinas regionales y una sede nacional. También 25 páginas web locales. Vertebramos una red de comunicación.  www.volveraempezar.org.mx