Alfredo Méndez y agencias
La Jornada en Línea
09/01/2012 14:00 hrs.
México, DF. Enero 2012.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó violaciones graves a los derechos humanos de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, intento de “fabricar” delitos, tratos inhumanos a los detenidos y abuso de autoridad.
De acuerdo con un informe preliminar elaborado por la CNDH que dio a conocer este lunes el ombudsman nacional Raúl Plascencia, en los hechos de la agresión a estudiantes normalistas, quienes se manifestaron el pasado 12 de diciembre en Chilpancingo, Guerrero, la Policía Federal hizo los primeros disparos al aire para dispersar a los jóvenes, y minutos después, junto con policías ministeriales de esa entidad, dispararon contra los jóvenes de manera indiscriminada.
“Los servidores públicos que participaron en los hechos, y los responsables de su coordinación, omitieron actuar con eficiencia en el desempeño de su cargo y cumplir con la debida diligencia el servicio de seguridad pública que les fue encomendado al propiciar un enfrentamiento en la vía pública pusieron en peligro vidas humanas y generaron la muerte de dos manifestantes y heridas por proyectil de arma de fuego en cuatro más”, señaló Plascencia.
Durante la presentación del documento preliminar Plascencia planteó que derivado de las evidencias se concluye que de manera arbitraria fueron detenidas 24 personas -14 de ellas objeto de tratos crueles por parte de la autoridad, precisó- al tiempo que, enfatizó, el uso de la fuerza siempre debe ser el último recurso.
El ombudsman nacional agregó que se percibieron “discrepancias” entre las autoridades sobre las circunstancias en que ocurrieron las muertes de dos estudiantes y un empleado de una gasolinera.
Los dos alumnos de la escuela normal fallecieron por heridas de armas de fuego durante dicha protesta. “Existe una alta probabilidad, por la trayectoria de los disparos, que éstos provinieran desde el sector donde estaban miembros de policías del estado de Guerrero”, dijo Plascencia. Acotó que en total participaron 175 policías de diversos cuerpos oficiales, de los cuales 67 portaban armas.
“Esto muestra discrepancias entre (lo dicho por) autoridades de Guerrero, que primero dijeron que los policías fueron desarmados, cuando las evidencias permiten concluir algo completamente distinto”, resaltó.
También, dijo que la policía federal alegó que no llegó primero, “lo que tampoco concuerda con la realidad de las evidencias… entre las que se encuentran videos”.
La Comisión utilizó 182 videos, tanto de cámaras de seguridad y la prensa, como de particulares.
Para Plascencia, otra irregularidad grave es que fueron alterados o ‘contaminados’ los lugares de los hechos y aseguró que se está frente a “violaciones graves a los derechos humanos”.
Plascencia recordó que por este caso pidieron información a la secretaría de Seguridad, “que no atendió (el pedido) con la debida diligencia porque no respondió en tiempo y forma y se recibió información que no satisface los requerimientos solicitados”.
El informe final será presentado dentro de un mes y medio. Luego será enviado a la Procuraduría General de la República para que se analicen sus recomendaciones.
El imparcial de la Sierra Norte 