TRAS APROBAR LA LEY GENERAL CONTRA EL SECUESTRO, ASEGURA DIPUTADA FEDERAL DEL PAN AUGUSTA DIAZ DE RIVERA “EL SECUESTRO HA CRECIDO 317 POR CIENTO EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS EN MÉXICO.”

AUGUSTA DIAZ DE RIVERA.

Por: María A. Ramírez

México, D. F. Octubre 2010.-En reunión de prensa, la diputada federal Augusta Díaz de Rivera, enfatiza; “Voy a empezar por darles algunas estadísticas alarmantes acerca del delito del secuestro, sobre todo en el estado de Puebla; en un estudio llevado a cabo por el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, (CESOP) que estudió la incidencia de este delito en toda la República Mexicana, ha aumentado en un 317 por ciento en los últimos 5 años, promediando 3.72 casos por día.  

 El CESOP, que son las siglas del centro de estudios, subraya que los estados de Coahuila, Durango, Morelos, Oaxaca y Puebla no han presentado un número tan significativo de denuncias de secuestro, pero han tenido las mayores tasas de crecimiento en este periodo.

 Para el periodo 2001-2008, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con base en un estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, estimó que el secuestro tiene una tasa de no denuncia del 75 por ciento, lo cual significa que por cada secuestro denunciado, existen otro tres que no lo son.

 Respecto al perfil de los secuestradores, se sabe que en promedio los secuestradores tienen 31 años; 81 por ciento de ellos tienen tres hijos en promedio; 81 por ciento trabajó en el mes previo a su detención y 22 por ciento prestó sus servicios en las Fuerzas Armadas o en la policía.

Sólo el 22 por ciento de los delincuentes, tenía antecedentes penales, y en 2008, en casi 30 por ciento de los secuestros, las autoridades identificaron la participación de grupos de delincuencia organizada. Como ustedes saben, esta Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro fue aprobada por la Cámara de Diputados en la pasada sesión.

 Les voy a decir algunos de los beneficios de esta nueva ley que son totalmente innovadores y que esperamos nosotros que contribuya con la disminución de este delito. Actualmente para empezar, no contamos con una ley en la materia, o no contábamos. Se estandarizarían los tipos penales y sus respectivas sanciones.

Se instituiría la negativa de concesión de libertad preparatoria. Se tipificaría la modalidad de secuestro exprés, autosecuestro y la detención de personas en calidad de rehén. Los acusados por el delito de secuestro no contarían con el beneficio de la preliberación o reducción de la condena.

El Ministerio Pública sería obligado a actuar de oficio en todos los casos de secuestro, así como impedir que este delito prescriba. Se contemplaría la figura de inexcusabilidad del testigo. Se crearía un sistema integral de protección a víctimas y testigos, así como unidades especializadas en la investigación de los ilícitos en la materia. Se implementaría una política de seguridad y un nuevo sistema de justicia penal con la finalidad de abatir este delito.

Se fortalecería la participación de la sociedad civil, el sistema de denuncia contra la corrupción y mala actuación de los servidores públicos. Los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones podrían suspender líneas telefónicas para evitar que los secuestradores presos delincan desde la cárcel, por ende se fortalecería el sistema penitenciario.

Quiero también darle a ustedes una panorámica; Sobre las penas que a nivel federal van a estarse manejando para los delitos: de 20 a 40 años de prisión, obtener para sí o para un tercero rescate o cualquier beneficio; detener en calidad de rehén a una persona y amenazarla con privarla de la vida; causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad y el secuestro exprés también estaría dentro de esta pena de entre 20 y 40 años de prisión.

Luego, de 25 a 45 años de prisión los secuestradores que allanen el inmueble de la víctima, es decir, que se metan a la casa de la víctima, para secuestrarla; esta misma pena cuando la víctima sea menor de edad, mayor de 70 años o incapaces, en especial una mujer en estado de gravidez.

De 25 a 50 años de prisión los autores de secuestro que hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración de justicia, de las fuerzas armadas o se ostentes como tales sin serlo; o que tengan también vínculos de parentesco o amistad con la víctima, o cuando la lesionen, la torturen o violen a la víctima durante el cautiverio. De 40 a 70 años, si la víctima es privada de la vida por los raptores.

De 2 a 6 años cuando de manera espontánea se libera a la víctima dentro de los primeros tres días siguientes a la privación de la libertad. De 8 a 15 años cuando se libere a la víctima dentro de los primeros 10 días de haberse cometido el secuestro sin lograr ningún propósito.

Se aplicará también una pena de 100 a 350 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, a quien simule la privación de sus propia libertad; de 2 a 8 años de prisión a quien simule la privación de libertad de una persona con propósito de obtener un beneficio; de 2 a 8 años de prisión, a quien desvíe la investigación o la obstaculice, auxilie u oculte a un secuestrador y altere o modifique las huellas del delito.

Entonces estas son digamos lo que son las penas, un poco más desmenuzado lo que les digo, en el ámbito de la aplicación de la ley estos delitos ya contemplados en esta multicitada ley se prevendrán, investigarán y sancionarán por la Federación, y en los casos que no le correspondan, serán competencia de las autoridades de fuero común.

También se contempla la intervención de comunicaciones: el Procurador General de la República o los servidores públicos competentes podrán solicitar a la autoridad judicial, cumpliendo con ciertas normas legales, su autorización para la intervención de comunicaciones privadas.

También se podrá proporcionar oportunamente asistencia técnica y la información que requieran los titulares de instituciones autorizadas para estos casos, hablando de las redes de comunicaciones también, y suspender el servicio de telefonía cuando así lo requiera la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

En  cuanto a la protección de las personas, esto también es muy, muy importante. Estuvieron el día de la sesión, el jueves 7, en la Cámara de Diputados, tanto la señora Isabel Miranda de Wallace, como el señor Alejandro Martí, presenciando la discusión y votación de esta ley; también ellos estuvieron participando muy activamente en la elaboración de esta ley y fueron muy valiosos en la cuestión de la protección de las personas y cómo salvaguardar la integridad física y moral de las víctimas y de los testigos.

Las líneas de acción serían: los titulares del Ministerio Público en las entidades federativas expedirán programas para la protección de las personas; la protección de los testigos en estricto secreto; el cumplimiento del programa de personas protegidas lo determinará el titular del Ministerio Público.

Algunos otros datos también: el apoyo a las víctimas y testigos de cargo, esto es totalmente nuevo en esta ley, no estaba contemplado en ninguna ley y se refiere a requerir al juez que al emitir la sentencia condenatoria, se repare el daño a favor de la víctima, con cuestiones como el embargo por el valor equivalente; solicitar y recibir asesoría por parte de autoridades; estar presentes en salas distintas del inculpado, cosa que ahora no sucede; contar con apoyo permanente en asesorías y demás necesidades y estar asistido por sus abogados, médicos y psicólogos durante las diligencias; obtener copia simple y gratuita de las diligencias en las que intervenga.

También se integrará un fondo de apoyo para las víctimas y ofendidos que se integrará de la siguiente manera: con recursos del presupuesto de egresos de la federación, con recursos obtenidos por la enajenación de los bienes a los propios delincuentes, con recursos por bienes que causen abandono, recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas y donaciones hechas a favor de las personas. Todo esto integrará lo que es el fondo de esta ley.

Entonces es una ley extensa como ustedes ven, les he platicado o manifestado los principales puntos. A mí me da una especial satisfacción que en la Cámara de Diputados el jueves pasado hayamos votado esta importante ley, que la hayamos sacado adelante, con cuestiones tan innovadoras, prácticas, con cuestiones que no estaban contempladas en la ley con la incidencia de este delito. Así que me pongo a sus órdenes.

Pregunta: ¿Puebla está dentro de los primeros 5 estados donde hay más secuestros, pero no se han denunciado?

ADR: La incidencia de la denuncia es digamos la misma para toda la República, del 75 por ciento de no denuncia. El caso de Puebla es grave porque es uno de los estados con mayor crecimiento en este delito, es decir, que si antes este delito ya se estaba dando de manera regular, ahora presenta, junto con los otros estados que le mencioné, uno de los estados con el mayor crecimiento de delito de secuestro.

Pregunta: ¿Hay alguna radiografía de Puebla de cuáles son las zonas donde se están registrando más estos secuestros, cuáles son las víctimas principalmente y si hay necesidad de modificar la ley? Aunque aquí Puebla tiene una de las más duras, con 70 años de cárcel para los secuestradores.

ADR: Sí, así es. Lo que dices es correcto, pero lo que preocupa es el crecimiento de este delito en el estado de Puebla. No hay un estudio de exactamente qué zonas de Puebla, pero podría interpretarse también por el estudio porque dice que son las zonas en donde se lleva a cabo la mayor actividad económica en el país, entonces menciona los estados con mayor incidencia, son el Estado de México, el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, en donde se lleva a cabo la mayor actividad económica del país. Entonces en Puebla sería pues la capital y las principales ciudades del estado de Puebla.

Pregunta: ¿Y sobre la ley? ¿Hay que modificarla?

ADR: Bueno, cada estado tiene facultad para hacer sus leyes en la materia. Esta ley viene una ley general de aplicación en toda la República y tendrá que atenderse los conceptos que ahora en ella se establece.

Pregunta: Señalaba la cuestión de que en las cifras que mencionaba, hay delincuentes que un mes antes habían tenido empleo. ¿Hablamos que el desempleo es un factor que ha provocado los secuestros?

ADR: Tanto el crecimiento rápido de este delito como el desempleo sí han sido de incidencia, como se los dije el 22 por ciento de los delincuentes que se dedican al secuestro, son primo delincuentes, cosa que es muy grave; quiere decir que no habían cometido ningún otro delito, que es un delito relativamente fácil de cometer. De ahí la urgencia de haber aprobado esta ley y de ponerlo en aplicación inmediata y sobre todo pedir la participación de la ciudadanía, porque ya estarán ahora como testigos protegidos.

Pregunta: Si es cuestión de desempleo, ¿qué han hecho a parte de esta ley de secuestro, qué se ha hecho para poder repuntar el empleo desde la Cámara?

ADR: Sí, desde luego ese es ámbito de otras leyes y de otro tipo de acciones, tienes toda la razón. Tenemos ahora en el país, dicho por el Banco Mundial, una recuperación en este año del 5 por ciento de crecimiento. Esperamos que esto desde luego le dé un impulso al empleo; para fortalecerlo necesitamos aprobar otro tipo de legislaciones, otro tipo de leyes, como son las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, que yo espero que en este año también se den, y otro tipo de acciones.

Pero definitivamente eso no obsta para que un marco legal mucho más adecuado para este delito, como es la nueva ley aprobada vaya a ser de muchísima utilidad para detener el crecimiento de este delito.

Pregunta: Habla de secuestro exprés, también hay una penalización. ¿Se puede considerar también secuestro cuando inclusive los propietarios de algunos negocios encierran a sus empleados y los amenazan?

ADR: Por supuesto. Toda privación de la libertad en contra de la voluntad de la víctima está penada y es considerada secuestro.

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